Descomposición social y violencia
Se entiende la
descomposición social como; el desmembramiento de los patrones asociativos de
solidaridad, el respeto a la dignidad de los individuos, el irrespeto a la
autoridad, al marco normativo del estado de derecho y a la institucionalidad. Y
si a esto unimos la violencia que es la acción intencionada de ejercicio de la
fuerza para producir daño a la integridad personal o grupos de personas contra
la que se acomete.
Es entendible que ambos
fenómenos son en la práctica la
declinación de los modelos de convivencia y socialidad de las comunidades en
cualquier ámbito, causando un gran impacto negativo en los niveles de
gobernabilidad, soliviantando los puntos de relación entre el estado y la
sociedad, como entre los distintos grupos sociales que se interrelacionan.
Los actos de protesta, los
reclamos de las reivindicaciones por parte de grupos y sectores, el acomodo de
los ciudadanos en la defensa de la libertad de expresión y la promoción de
propuestas, la denuncia de los actos de gobierno que lesionan
institucionalmente a los ciudadanos, el derecho al disenso, la movilización
social…, son en su totalidad acciones y elementos sanos, lógicos en un estado
de derecho democrático. Tales expresiones deben ser valoradas y toleradas como
demostraciones de pluralidad y la prevalencia de las libertades públicas. No
obstante, cuando dichas manifestaciones se organizan con el fin de subvertir
las instituciones democráticas, promover la desestabilización social, resaltar
las diferencias, incitar a la violencia y, con ello propiciar una respuesta de
igual tenor, deben utilizarse otros juicios de valor para analizarlos.
Sin embargo los grupos que
protestan y hacen movilizaciones, no pueden pretender que se obvien sus
excesos, ni pueden reclamar amparo legar de las autoridades democráticas, para
justificar desorden y provocaciones.
Pero es inexcusable que
las autoridades amparadas en el poder omnímodo que les da el estar amparados
por el gobierno de turno, arremetan con
todas las armas a su disposición para evitar la protesta, las
movilizaciones, la libertad a expresar su rechazo a las malas prácticas de
gobierno que perjudican a la ciudadanía. Se criminaliza el emitir opinión, el
denunciar a algún personero del gobierno que ha incurrido o está incurriendo en
actos contra la cosa pública, tráfico de influencias, conchupancia en
corrupción, asociación para delinquir, utilizando al poder judicial en contra
del denunciante y no en contra del denunciado, aterrorizando a los medios de
comunicación y a los ciudadanos para que guarden silencio por las mil y una
manera de corrupción de estos delincuentes de cuello blanco.
Lamentablemente en América
latina en este momento que nos ocupa está pasando por una más de esas crisis
que se presentan cada 20 o 30 años, donde afloran los rencores, prejuicios y
complejos ancestrales típicos de los pueblos de nuestra región y de los cuales
se aprovechan ese liderazgo desfasado de las izquierdas que han fracasado en
todo el mundo. Se les vende a los pueblos igualdad social, acabar con la
pobreza, educación de primer mundo, calidad de vida de primer nivel y, luego
terminan siendo más pobres, con menos oportunidades de trabajo, educación
mediocre y en general pérdida total o parcial de sus derechos fundamentales.
Nos toca a los ciudadanos
mirar con pupila crítica lo que pasa en nuestro país en particular sea cual
sea, solo nosotros podemos cambiar esta realidad que hoy nos tiene pegados a la
pared, somos los ciudadanos los que ponemos y quitamos gobernantes, todavía
tenemos esa facultad, los que gobiernan son menos que nosotros, no hay país
sometido sino se quiere someter. Cada vez que nos toca votar, tenemos la
oportunidad de cambiar de gobierno, por mucho fraude que hagan, todo es tener
la voluntad para rescatar y construir la nación que queremos.
